Un paso hacia la descentralización educativa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al traspaso de competencias al País Vasco, marcando un hito en la descentralización del ámbito universitario. A partir del próximo 1 de julio, la región contará con la facultad de homologar títulos universitarios, incluyendo especialidades tan relevantes como Medicina, Enfermería, Nutrición y Fisioterapia.
Esta decisión, enmarcada en un acuerdo entre PSOE y PNV, surge como resultado de un pacto en noviembre pasado, donde los nacionalistas vascos otorgaron su voto a Pedro Sánchez para su investidura como presidente del Gobierno.
El compromiso de transferencia de competencias, establecido en el documento de investidura, implica la resolución ‘improrrogable’ de estas tareas en un plazo de dos años, con excepciones prioritarias en un lapso de tres meses, especialmente en lo relacionado con la homologación de títulos y estudios extranjeros. El objetivo: agilizar los procesos de convalidación a nivel estatal para cubrir la demanda de profesionales sanitarios en la región.
Un proceso en marcha desde hace años
Según fuentes gubernamentales, este traspaso de competencias es la culminación de un proceso iniciado en 2011. Hasta ahora, la autonomía solo podía gestionar la homologación hasta la enseñanza secundaria. Esta medida refuerza lo acordado recientemente en la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Real Decreto que regula este traspaso de competencias entrará en vigor el 19 de abril, facilitando a los extranjeros residentes en el País Vasco solicitar convalidaciones de títulos universitarios.
Ampliación de competencias en asistencia social
Además de las competencias universitarias, el Consejo de Ministros también ha aprobado la transferencia de servicios del Estado al País Vasco en materia de Sanidad, Servicios y Asistencia Sociales. Esto permitirá a la región asumir funciones como la prestación de apoyo social, psicológico, jurídico y cultural, así como el asesoramiento sociolaboral.
El Real Decreto correspondiente entrará en vigor el 1 de enero de 2025, marcando el inicio de un nuevo modelo de distribución de competencias en el sistema de acogida de protección internacional. Este modelo permitirá a las comunidades autónomas brindar apoyo a personas beneficiarias de protección internacional temporal, como refugiados conforme al Derecho Internacional.
A pesar de estas transferencias, la Administración General del Estado mantendrá funciones normativas y de regulación en estos ámbitos, asegurando la cohesión y el correcto funcionamiento del sistema.
Es importante destacar que la información proporcionada en este artículo proviene de fuentes oficiales y profesionales sanitarios, pero se recomienda consultar con un especialista sanitario correspondiente ante cualquier duda relacionada con la salud.