Coordinación en la gestión de registros de objeción de conciencia
La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto en marcha iniciativas para unificar los registros existentes sobre objeción de conciencia en la práctica del aborto. El Ministerio de Sanidad trabaja en colaboración con todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para lograr un consenso en este tema.
En respuesta a una pregunta parlamentaria de Podemos, se destaca la complejidad de esta labor debido a la falta de un registro unificado en la Administración General del Estado (AGE). Históricamente, los colegios profesionales médicos de diversas provincias se han encargado de gestionar la objeción de conciencia en interrupciones de embarazo.
Registros provinciales y autonómicos
Actualmente, existen registros de objeción de conciencia en colegios médicos de Madrid, Toledo, Baleares, Jaén, Málaga, Castellón, Navarra, Alicante, Salamanca y Segovia. Sin embargo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha informado que no posee estadísticas al respecto.
Algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha y Navarra, han establecido sus propios registros oficiales de objetores de conciencia. En un enfoque más local, Cantabria ha implementado una base de datos para identificar profesionales de la salud que rechazan participar en interrupciones voluntarias del embarazo, tanto en el ámbito público como privado.
Diversidad de criterios regionales
En Cataluña, la CUP ha propuesto en el Parlament de Catalunya prohibir la objeción de conciencia individual e institucional de los profesionales sanitarios. Esta disparidad de criterios regionales refleja las diferentes perspectivas sobre la práctica del aborto en el país.
Registros internos y choques parlamentarios
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) cuenta con registros internos de objetores de conciencia en sus áreas sanitarias. En contraste, recientemente Vox presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para proteger la objeción de conciencia en abortos y eutanasia.
La Ministra de Sanidad ha expresado su compromiso con el refuerzo del derecho al aborto, proponiendo mejoras en el acceso, método y derivaciones de la interrupción del embarazo a nivel nacional.
Reforma legislativa y garantías de atención
La reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el Congreso de los Diputados, busca asegurar personal suficiente para realizar abortos en hospitales públicos. A pesar de esto, la normativa no obliga a practicar abortos en todos los servicios públicos, pero garantiza el acceso a esta práctica.
Es esencial recordar que la información proporcionada en este artículo se basa en datos oficiales y declaraciones de instituciones de salud. Ante cualquier inquietud relacionada con su bienestar, es recomendable consultar con un profesional de la salud correspondiente.
